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  • Reglamento fortalece las capacidades de las juntas administrativas y de educación
Nuevo reglamento del PANEA fortalece alimentación estudiantil
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Nuevo reglamento del PANEA fortalece alimentación estudiantil
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  • Beneficiará a estudiantes en todos los niveles educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta con el nuevo reglamento del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA).

El reglamento está publicado en el Alcance N°49 a la Gaceta N°69, Decreto N°44940-MEP, que reglamenta el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA), marcando un hito histórico en la garantía del derecho a una alimentación saludable para la población estudiantil costarricense.

Anteriormente el Programa de Alimentación del MEP funcionaba con lineamientos importantes para su funcionamiento, sin embargo, con el reglamento se cierran vacíos jurídicos para la gestión eficiente y equitativa.

El servicio de comedor beneficia actualmente a 789.160 estudiantes en 4.560 centros educativos, con una cobertura del 96,61% a nivel nacional.

Para Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, “Este reglamento convierte al PANEA en una política de Estado con rostro humano”, destacó el ministro. “No solo asegura alimentación complementaria, sino que promueve hábitos saludables, dignidad y permanencia en el sistema educativo para las poblaciones más vulnerables, aseguró el jerarca.

Dentro de los cambios estructurales se transforma al Programa en una política pública integral donde prevalece la equidad, la transparencia y la calidad nutricional.
Otros factores positivos del reglamento es que establece el menú oficial obligatorio, formaliza la preparación de alimentos contextualizado a las realidades en los centros educativos , asegura la continuidad del servicio hasta el tiempo de descanso y cierres extraordinarios, así como establece mecanismos para mantener la alimentación ante eventualidades.

Además, el reglamento fortalece las capacidades de las juntas administrativas y de educación mediante lineamientos claros para la asignación de recursos, supervisiones reforzadas y sistemas de control rigurosos. Además, prioriza a los centros en zonas de bajo Índice de Desarrollo Social (IDS), donde se ubica el 70% de las instituciones beneficiarias.

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