Presupuesto FEES 2026 refuerza fondos para becas universitarias, pero se requieren reformas estructurales para su sostenibilidad

En Costa Rica, el acceso a la educación superior sigue estando fuertemente mediado por el apoyo económico que el Estado otorga a través de distintos programas de becas y transferencias monetarias condicionadas. Aunque las cifras muestran una inversión creciente y una cobertura cada vez más amplia, también se evidencian amenazas estructurales que ponen en duda la sostenibilidad de estos beneficios en el mediano plazo.

Un dato ilustra la magnitud del es fuerzo: más del 65,8% de la población estudiantil universitaria pública es beneficiaria de algún tipo de beca, según datos del Consejo Nacional de Recto res (CONARE). De ese total, el 81% recibe apoyo bajo la modalidad socioeconómica, es decir, con base en la evaluación de ingresos y gastos de su hogar. Este tipo de ayuda no solo cubre matrícula, sino también alimentación, transporte, materiales, lentes, servicios de salud y residencias estudiantiles.

En la Universidad de Costa Rica (UCR), durante el primer ciclo del 2024, más de 23.800 estudiantes contaban con beca socioeconómica, lo que representa un 57,1% del total de personas matriculadas. Un 76% de ellos pertenece a la categoría de “Beca 5”, el mayor grado de cobertura que la universidad otorga, permitiéndoles enfocarse exclusivamente en sus estudios sin necesidad de trabajar.

Este tipo de apoyo tiene un impacto que va más allá del rendimiento académico. Para miles de estudiantes, representa la única vía para alcanzar un título universitario. Muchos provienen de hogares en situación de pobreza o son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior.

Las cinco universidades estatales (UCR, UNA, TEC, UNED y UTN) han ampliado su inversión en becas de forma sostenida. Según la Contraloría General de la República, entre 2019 y 2023, la inversión en becas aumentó en casi ₡10.000 millones, y solo la UCR reportó un crecimiento del 4,02% en 2024, alcanzando los ₡40.461 millones. En el caso del Tecnológico de Costa Rica, el Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil (FSDE), que financia becas y proyectos estudiantiles, creció un 20% para el 2025, alcanzando ₡6.803 millones.

Para este año, CONARE aceptó la propuesta del Gobierno, un monto del 1% (¢5876 millones, los cuales se condicionaron a una distribución más equitativa entre las universidades. Además la mitad del incremento del FEES será dedicado a becas para estudiantes de escasos recursos. Unos ¢2938 millones serán exclusivos para becas socioeconómicas y apoyos estudiantiles. Las universidades deberán certificar ante la Contraloría General de la República el monto destinado exclusivamente a becas en el presupuesto correspondiente al 2026.

La Región Chorotega ha mostrado un crecimiento sostenido en el acceso a becas universitarias durante el periodo 2021-2023, según se desprende del gráfico de distribución porcentual de la población estudiantil becada por región de residencia, del CONARE.

En 2021, apenas el 7,2 % de la población becada provenía de esta región. Sin embargo, para 2022, esa cifra aumentó a un 8,8 %, y en 2023 alcanzó el 9,0 %, evidenciando una tendencia al alza en el acceso a apoyos socioeconómicos por parte del estudiantado guanacasteco.

Este aumento, aunque gradual, es significativo si se toma en cuenta el contexto histórico de desigualdad territorial que ha enfrentado Chorotega en materia educativa. La región ha sido tradicionalmente una de las más rezagadas en conectividad digital, infraestructura escolar y acceso a la educación superior. Por tanto, este incremento del 1,8 puntos porcentuales en solo dos años puede interpretarse como resultado de políticas de inclusión más efectivas, una mejora en la focalización de los programas de be cas y un mayor interés por parte de las universidades en captar talento fuera del Gran Área Metropolitana.

Además, este crecimiento contrasta con la relativa estabilización de otras regiones más urbanizadas como la Región Central, que pasó del 41,3 % en 2021 al 52,6 % en 2023, pero con un crecimiento más abrupto y posible mente influido por mejoras en los procesos de recolección de datos, dada la drástica reducción de casos “sin identificar” (que bajaron del 27,5 % al 0,4 %).

Pese a ese crecimiento significativo, persisten desafíos serios, entre ellos la gestión administrativa el cual genera alarmas. La Contraloría advirtió que tres universidades estatales no realizan estudios socioeconómicos adecuados al otorgar becas, lo que afecta la focalización del apoyo. Se requiere fortalecer el seguimiento y evaluación de los beneficiarios y mejorar la rendición de cuentas.