Nosara se organiza para exigir un proceso transparente en la recuperación de bienes públicos
Comunidades reclaman la devolución de 80 hectáreas valoradas en más de USD $800 millones, equivalentes al costo de construir dos hospitales regionales o varios centros educativos.
Restan 18 meses para cumplir con la orden de la Sala Constitucional.
Líderes comunales piden rendición de cuentas a la Municipalidad de Nicoya, intervención de la Procuraduría y mayor involucramiento del Estado.
Periódico Mensaje
Los líderes de las asociaciones de desarrollo y colectivos comunales del distrito de Nosara exigen a la Municipalidad de Nicoya y a su Concejo Municipal participación clara en el proceso de recuperación de 80 hectáreas de bienes demaniales en manos de una organización privada, según lo dispuso un fallo reciente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El pasado 8 de agosto, la Sala IV resolvió un recurso de amparo histórico interpuesto por el abogado y exregidor municipal guanacasteco, Marvin Rodríguez, donde se denunció la inacción municipal frente a la restitución de esas propiedades. Ya en 2015, un informe del propio gobierno local había señalado que se trataba de zonas verdes de uso público.
El conocido “Proyecto Americano”, iniciado en los años setenta bajo aprobación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, contemplaba terrenos inalienables destinados a uso comunal. Sin embargo, décadas después, esos espacios permanecen bajo la administración privada de la Asociación Cívica de Nosara. Para la población, esto representa la pérdida de terrenos que podrían destinarse a proyectos para la comunidad y la conservación ambiental, como espacios recreativos y sedes gubernamentales hoy urgentes en este distrito costero.
Peticiones comunales
El pasado 8 de setiembre, la Sala Constitucional notificó al municipio que dispone de 18 meses para ejecutar la devolución de las tierras. Presidentes de asociaciones de Delicias de Garza, Bocas de Nosara y Esperanza Sur, junto con líderes de Garza y Pelada, solicitaron formalmente ser incorporados a una Mesa de Trabajo donde se garantice transparencia y participación ciudadana. Además, demandan que la Procuraduría General de la República asuma el liderazgo legal del proceso, tal y como corresponde, al tratarse de bienes públicos y de alto valor ambiental, social y de mercado.
En respuesta, el movimiento comunal “Alianza por Nosara”, conformado por vecinos y asociaciones de todo el distrito de Nosara de Nicoya, ha decidido intervenir de manera activa. Como parte de sus acciones, se organizarán eventos y actividades comunitarias para recolectar recursos que serán empleados en la defensa de los intereses colectivos. La Alianza invitó a personas y empresas a sumarse a una causa común que puede marcar un precedente nacional en la defensa de bienes públicos y el desarrollo sostenible en comunidades.
En paralelo, el abogado Rodríguez comunicó que ya solicitó a la Municipalidad de Nicoya presentar informes mensuales certificados sobre los avances legales y administrativos de la recuperación de los bienes demaniales. Este proceso de rendición de cuentas inició el 30 de agosto y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027.
“Para mí la recuperación de las 80 hectáreas que son zonas públicas en Nosara es una vía para que la Municipalidad y la comunidad luchen por los vecinos, pero también en beneficio de turistas, empresas y por aparte, es positivo para instituciones que carecen de terrenos públicos para una presencia gubernamental tan necesaria en Nosara”, señaló el licenciado Rodríguez.