Incentivos bien diseñados: la clave para transformar los desafíos de los residuos en oportunidades para el desarrollo sostenible

Costa Rica enfrenta el límite de su capacidad para disponer residuos. Con un marco de incentivos equilibrado y una visión inclusiva, el país puede atraer inversión, generar empleo y fortalecer su competitividad ambiental.

Sin duda, los rellenos sanitarios que ya cumplieron con su vida útil y las municipalidades que carecen de alternativas inmediatas para la disposición final de residuos reflejan una realidad preocupante. No solo enfrentamos un estancamiento, sino un retroceso derivado de las limitaciones de inversión, los vacíos en la implementación de políticas públicas y otras barreras estructurales que han impedido un mayor aprovechamiento de los residuos.

El proyecto de ley “Creación de un régimen especial de incentivos a las actividades productivas de valorización de residuos” es un ejemplo de esas limitaciones. Aunque su propósito es positivo, su redacción actual introduce condiciones que, lejos de fomentar una participación amplia, restringen el alcance. Establecer requisitos tan específicos como exigir que al menos un 10% de la fuerza laboral esté integrada por personas pensionadas o mayores de 45 años, o que el 75% de los ingresos de la empresa provenga directamente de actividades de valorización, termina excluyendo a actores con capacidad comprobada para ofrecer soluciones.

Entre esos actores se encuentra la industria cementera, que mediante el co-procesamiento de residuos ha demostrado resultados concretos en materia de sostenibilidad. Esta práctica sustituye combustibles fósiles mediante el aprovechamiento energético de materiales de desecho previamente tratados.

En Cementos Progreso, desde el año 2004, hemos implementado este proceso, contribuyendo significativamente a la reducción de emisiones de CO₂ y al aprovechamiento de residuos que, de otra forma, terminarían en rellenos ya colapsados. Solo el año anterior, en la Planta Colorado, ubicada en Abangares de Guanacaste, se co-procesaron más de 40 mil toneladas de residuos. Para dimensionarlo, estas toneladas equivalen a lo que generan 91.324 personas en residuos al año o con esa misma cantidad de toneladas podríamos llenar 10 canchas de futbol profesional con residuos compactados hasta un metro de altura.

Este tipo de experiencia evidencia que los incentivos deben diseñarse para abrir el mercado y fomentar la innovación, no para limitarla. Un régimen excesivamente restrictivo resulta poco atractivo para la inversión y frena el desarrollo de soluciones sostenibles.

El proyecto de ley, en su espíritu, busca promover las actividades de valorización de residuos y contempla un conjunto de incentivos fiscales y financieros con gran potencial para transformar la gestión de residuos en el país. De aprobarse con los ajustes adecuados, podría impulsar la consolidación de modelos exitosos y sostenibles, como el co-procesamiento, además de atraer nuevas inversiones al sector.

Entre los incentivos propuestos destacan la exoneración de tributos a la importación de materias primas, equipos y maquinaria necesarios para procesos de valorización; la posibilidad de aplicar depreciaciones aceleradas a los activos utilizados en estas actividades; la eliminación del IVA y de impuestos municipales asociados; y, en el ámbito financiero, la creación de líneas de crédito con tasas preferenciales, fondos de aval y deducciones de cargas sociales para las empresas inscritas en el régimen.

Estos mecanismos combinados permitirían aliviar costos, facilitar el acceso a tecnologías modernas, aumentar la capacidad operativa y promover el desarrollo de modelos de negocio más competitivos.

Costa Rica ya cuenta con bases técnicas y capacidad instalada; lo que necesita ahora es un marco de incentivos inclusivo y equilibrado que amplíe y multiplique este tipo de soluciones. Si se logra ese balance, el país dispondrá de una herramienta estratégica capaz de atraer inversión, generar empleo y fortalecer la competitividad de su sector productivo.

Hoy, en manos de nuestros diputados y diputadas, está la oportunidad de demostrar que la sostenibilidad no debe verse como un costo, sino como una ventaja comparativa en un mundo cada vez más exigente en materia ambiental.

El proyecto de ley sobre incentivos a la valorización de residuos representa una gran oportunidad. Con ajustes puntuales y un debate técnico bien orientado, puede convertirse en el instrumento que finalmente permita transformar los desafíos actuales de nuestros rellenos en soluciones concretas para el desarrollo sostenible del país.