Estudio liderado por IMN y PNUD muestra que cerca de 40 distritos en la Región Chorotega y el Territorio Norte-Norte son altamente vulnerables ante eventos hidrometeorológicos extremos tanto secos como lluviosos.

El territorio costarricense se encuentra expuesto a gran cantidad de amenazas naturales asociadas a su ubicación. Entre 2014 y 2016 el Pacífico Norte enfrentó una intensa disminución en el régimen de lluvias, generando un periodo de sequía, mientras que el huracán Otto en 2016, la tormenta Nate en 2017 y las lluvias intensas asociadas a los huracanes Eta e Iota en 2020 han causado grave destrucción en amplias zonas del país, inhabilitando infraestructura de comunicaciones, vivienda y servicios públicos.

Ante este escenario y con el objetivo de promover y sustentar técnicamente el diseño de estrategias de adaptación al cambio climático del sector hídrico a nivel municipal, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron el más reciente estudio sobre riesgos hidrometeorológicos extremos en el norte de Costa Rica.

La investigación denominada “Descripción de riesgo ante eventos hidrometeorológicos extremos en el Norte de Costa Rica”, comprende los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso de la provincia de Alajuela, y Hojancha, Nicoya, Santa Cruz, La Cruz, Cañas, Liberia y Carrillo de la provincia de Guanacaste.

“La presentación del estudio marca un punto de partida para la recuperación después de la Pandemia de COVID-19 y la prevención de riesgos, pues permite visibilizar y reconocer los desafíos nacionales ante los eventos hidrometeorológicos extremos, además de contar con información precisa para la planificación territorial en cerca de 40 distritos en el norte de Costa Rica, entre ellos: La Cruz, Hojancha, Liberia, Katira, Los Chiles, y Bijagua”, señaló Werner Stolz, Director del IMN.

José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del PNUD destacó que “el cambio climático plantea grandes retos, desde la presión sobre la seguridad alimentaria y la disponibilidad de agua potable hasta la misma salud de las personas. La acción determinante de los gobiernos locales y organizaciones de base como los acueductos comunales, basada en evidencia, es esencial para hacer nuestras economías más sostenibles y nuestras sociedades más resilientes, justas y equitativas”.

El análisis expone los riesgos climáticos de diferentes territorios y la relación entre las condiciones de pobreza, las oportunidades de desarrollo, la disponibilidad y uso adecuado de los recursos naturales como elementos que inciden sobre la vulnerabilidad de más de 250 mil personas frente a estos riesgos.

Para la zona de estudio se espera un aumento en la intensidad de tres agentes erosivos: temperatura, lluvia (déficit) y viento. Las mayores variaciones se presentarían en algunas zonas, que actualmente forman parte del corredor seco nacional.

 

“El reto futuro de producción en estas áreas, exige una verdadera estrategia de adaptación que no solo contemple la variación climática esperada y la tendencia observada, sino la integralidad y realidad del sector, movido por motores de cambio como el turismo, la venta de servicios y la expansión urbanística que forman parte del modelo de desarrollo en el que se mezcla aún un debilitado sector agro productivo”, señaló José Alberto Retana, agrónomo del IMN y responsable del estudio.

 

“En todos los cantones estudiados, la conformación del grupo en mayor riesgo se caracterizó por una alta población infantil, carencia de albergue digno, seguido de carencia de conocimiento y carencia de recursos; y entre la población con alguna discapacidad física o mental, los problemas de visión y las dificultades para caminar fueron los más frecuentes”, agregó Retana.

 

El estudio fue desarrollado en el marco del proyecto Fortalecimiento de Acueductos Comunales en el Norte de Costa Rica, implementado en Costa Rica por el PNUD en alianza con el AyA, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Dirección de Cambio Climático y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). 

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