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Parque Nacional Manuel Antonio.  Imagen Ilustrativa
Parque Nacional Manuel Antonio. Imagen Ilustrativa

Un Proyecto de Ley denominado “Ley de ampliación de la base impositiva del ingreso al terri­torio nacional por la vía terrestre, marí­tima y fluvial para la consolidación y el fortalecimiento permanente de las áreas silvestres protegidas, pretende cobrar un monto de USD$15 a los 700.000 extran­jeros que ingresan al país anualmente vía tierra o mar, al igual que lo hacen quienes entran por vía aérea.

La propuesta busca compartir dicho im­puesto entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con el fin de que los fondos recaudados puedan fortalecer la protección de parques nacio­nales y áreas silvestres protegidas.

Según el expediente 20.576, se recau­darían hasta ¢6000 millones por año, de los cuales el 60% estaría destinado al pago de tierras compradas o expropiadas para la creación de parques y áreas pro­tegidas; mientras que el otro 40% sería para la mejora de servicios, el desarrollo de infraestructura y la protección de los mismos.

Actualmente los parques nacionales y áreas protegidas reciben por año a más del 90% de la visitación turística total.


Fuente: SINAC

La iniciativa ha causado opiniones con­tradictorias entre diputados, el sector tu­rismo y entes gubernamentales, ya que a pesar de que algunos afirman la falta de presupuesto para el SINAC, otros se in­clinan a que la inversión debe enfocarse en la promoción turística del país, con la cual su meta es alcanzar 3,94 millones de ingresos de visitantes para el 2021, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2017-2021.

Este incremento turístico de casi un mi­llón de visitantes más, incrementaría el ingreso en dólares en un 7% aproxima­damente. Actualmente el sector turismo representa un 8,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 8,8% del empleo en el país, según datos del ICT, sin embargo, con el nuevo cobro se pondría en riesgo la competitividad turística del país.

La diputada liberacionista Aida Montiel, indicó que Costa Rica es uno de los paí­ses más caros de Centroamérica y no cree que este Proyecto de Ley llegue a apro­barse. “Tenemos un turismo muy fuerte y hemos protegido los parques y áreas sil­vestres desde hace años, para mejorarlos, no se le puede atribuir al extranjero esta responsabilidad. Ya se le estaría cobran­do casi USD$50 para ingresar al país. Se debe buscar una solución alterna”.

Por su parte Luis Antonio Aiza apoyó la posición de Montiel, indicando que con esta medida se estaría desviando el tu­rismo que viene a Costa Rica, para otros países más cómodos.

Presupuesto del SINAC no sería suficiente

Datos de la Contraloría General de La República indican que el ingreso presu­puestado para este 2019 destinado para el SINAC es de ¢43.276.180.000, de los cuales más del 71% corresponde al área de “Conservación y uso de la Biodiversi­dad”, y el otro 29% restante comprende al programa presupuestario de “Planifica­ción y Administración”.

Dicho presupuesto se divide entre las 186 áreas que están protegidas por el SINAC, quien además tiene a cargo 32 parques nacionales, 51 refugios de vida silvestre, 13 reservas forestales y 8 reservas bioló­gicas. Sin embargo al 2018, únicamen­te el 16% del total se enfoca en obras nuevas, mantenimiento de instalacio­nes y senderos de las áreas silvestres protegidas y parques nacionales. Ante esta situación la Sala Constitucional en su expediente 16-010216-007-CO, esta­bleció que las áreas silvestres protegidas requieren de una intervención mayor y que el Estado no ha sido capaz de brin­darla, por lo que desde el 2017, dio un plazo de 5 años para solucionar el proble­ma. Al 2022 debería estar resuelto.

Por otra parte, un 49% del presupuesto total se reserva para salarios del personal del SINAC, un 27% para gastos opera­tivos, y un 8% para transferencias y ca­pital.

Cada lugar recibe un monto según su ubicación y extensión. Por ejemplo en el Área de Conservación Tempisque (ACT), recibe ¢400 millones anuales para mante­ner las 130.000 hectáreas que van desde el Río Tempisque hasta el final de la Pe­nínsula de Nicoya, las islas del Golfo y toda la parte marina.

Según Nelson Marín Mora, Director del ACT, comentó que el incentivo debe “es­tirarse” para cubrir las necesidades del área. “Con este monto y entradas a los parques, se realizan mejoras de infraes­tructura, se crean puestos operativos, equipo de control, proyectos de inves­tigación, material de oficina, viáticos, telecomunicaciones y pago de servicios básicos, sin embargo, el presupuesto es muy limitado y quedan muchos vacíos por cubrir”.

Marín agregó además que es necesario invertir en mayor cantidad de guarda par­ques, por lo que el incentivo sería bienve­nido siempre y cuando no limite la visita­ción turística.

Sobre este tema, el Sindicato de Trabaja­dores del Ministerio de Ambiente y Ener­gía (SITRAMINAE), alega que hay una escasez de personal de casi 900 guarda parques. Al 2018 la suma no alcanzaba 500 de ellos y se estima que cada uno es responsable por el cuido de hasta 3000 hectáreas.

El SINAC alega que la entrada que se co­bra a los parques es también para el man­tenimiento de los mismos y de las condi­ciones laborales del personal. Ante este fundamento el diputado Rodolfo Peña, afirmó que está de acuerdo en que hay una necesidad por cubrir, sin embargo, considera que el sector turismo no debe ajustar para solventar la situación.

“Somos un país muy caro que depende totalmente de los ingresos del turismo. El turista ya paga para entrar a los parques, paga por ver algo nuevo, si el ingreso es privado, debe pagar también. Hay que considerar que no estamos solos y que han bajado los precios en otros países in­crementando los costos no es una opción viable para el país”, argumentó Peña.


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