Por Hernán Imhoff, Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo

En la actualidad la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, n. 9428, dispone en el artículo 11 que los recursos recaudados por el impuesto a las personas jurídicas se distribuyen en un 90 por ciento para el Ministerio de Seguridad Pública, un 5 por ciento para el Ministerio de Justicia y Paz y un 5 por ciento para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En diciembre anterior, varios diputados presentaron el proyecto, Ley para la Eficiencia y Transparencia Presupuestaria del Impuesto a Personas Jurídicas para Fortalecer los Recursos Dirigidos al Sector Seguridad, que se tramita bajo el expediente n. 23 973.

En dicho proyecto, los porcentajes señalados no sufrían ninguna modificación, sino que la intención era hacer cumplir lo establecido la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, dado que el Ministerio de Hacienda venía presupuestando menos recursos del impuesto a las personas jurídicas o subestimando la recaudación real por concepto de este tributo.

Sin embargo, durante el trámite legislativo, otro grupo de diputados presentó una moción que modifica la forma en que se distribuyen los recursos que se recaudan del impuesto. Con el cambio, el monto que le correspondería al Ministerio de Seguridad Pública se reduciría de un 90 por ciento a un 75 por ciento; es decir, un 15 por ciento menos y en su lugar asigna un 15 por ciento al OIJ y un 10 por ciento al Ministerio de Justicia y Paz.

En reversa

Este golpe a la primera línea de combate a la criminalidad es realmente preocupante porque nos lleva justo en la dirección contraria en un momento histórico sumamente delicado por el crecimiento desmedido del narcotráfico y de la tasa de homicidios el año pasado. Desde el sector turismo vemos como ese aumento de la criminalidad, la apreciación del colón frente al dólar, junto con un proyecto de Ley recientemente aprobado para eliminar el fin de semana largo del 25 de julio, como otro paso en falso que afecta la competitividad de un sector de la economía que es fundamental para la generación de empleo en provincias como Guanacaste.

La intención de reducir el presupuesto para el Ministerio de Seguridad –como en el caso citado- ocasionaría un impacto severo en la disponibilidad de recursos para mejorar las condiciones de trabajo de la Fuerza Pública que ya de por sí debe luchar en desventaja contra un enemigo cada vez más agresivo y que dispone de fuentes de financiamiento ilícitas.

El Estado como ente jurídico superior no puede renunciar a ejercer sus potestades en áreas fundamentales para el desarrollo del país como la seguridad, salud, educación e infraestructura.

Como país el daño que se causaría a la seguridad ciudadana si prospera esta baja de fondos para el Ministerio de Seguridad sería irreversible, pero estamos a tiempo de evitar este error histórico que; sin lugar a dudas, se traduciría en números mucho peores que los actuales.

Es tiempo de actuar.