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Imagen ilustrativa, tomada de archivo.
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  • Iniciativa recibirá segundo debate en los próximos días.
  • Reforma expresa compromiso del legislativo para combatir todo tipo de violencia contra las mujeres.

 “La Asamblea Legislativa da hoy otro paso en la dirección correcta cuando se trata de combatir la violencia que se ensaña contra el cuerpo y la vida de las mujeres. Es un avance en el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho y un instrumento que se fortaleces para sancionar la violencia femicida”, en esos términos se refirió Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), tras conocer la aprobación, en primer debate, de la reforma de varios artículos de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y del Código Procesal Penal.

La reforma aprobada esta tarde en el Congreso, modificará varios artículos de la Ley vigente, entre ellos y uno de los más significativos, la reforma del artículo 21 sobre femicidio. La reforma permitiría sancionar, no solo a las parejas de las mujeres agredidas, sino, a agresores en relaciones de noviazgo, convivencia y/o relaciones finalizadas en condiciones de exconvivientes o personas divorciadas.

En la actualidad, si se comete un femicidio en una relación de noviazgo, la pena, según el Código Penal, es de 8 a 15 años por tratarse de un homicidio simple, pero, con las reformas aprobadas en primer debate, la pena podría significar una sentencia de 20 hasta 35 años de prisión.

"Las reformas que recibieron primer debate esta tarde, significan un gran avance, otro logro que alcanzamos como sociedad. Sin embargo, nuestro objetivo final es que se tipifique como femicidio, aquellos asesinatos que se cometan contra las mujeres por su condición de género. Cuando ello ocurra, homicidios como el de la doctora Cedeño, no quedarán fuera y podrán ser calificados como femicidios y el infractor recibirá una mayor sanción”, comentó la ministra.

Las reformas aprobadas por el Poder Legislativo no solo garantizan una mayor seguridad jurídica en casos de violencia física, sino también, en casos de violencia psicológica, sexual y patrimonial perpetrada contra las mujeres.

“Como Nación, estamos garantizando, además, el cumplimiento de los compromisos asumidos y que se desprenden de nuestra adhesión a la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras”, finalizó Guerrero.


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