Dejando de lado los actos vandálicos y reprochables que se han visto en las calles del país en los últimos días, las protestas fundamentadas de quienes han levantado su voz tienen un mismo fin… equiparar los derechos de una sociedad en común, que solo busca mejores condiciones sociales y económicas para los suyos.

La propuesta del Gobierno de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), para saldar las deudas que tiene el país, tras muchos años de procesos internos desordenados, irregulares e irresponsables, no es la causa del descontento, sino la forma en cómo se pagará dicho financiamiento, pues se pretende optar como casi única salida, por la implementación de nuevos impuestos.

Según expertos y a diferencia del criterio presidencial, aplicar nuevos impuestos no mejoraría la situación, sino que por el contrario empeoraría la crisis económica y social que por cierto ya existía; un país más caro, salarios más bajos, más recortes de empleos, menos oportunidades de crecimiento, falta de liquidez bancaria y el retiro de compañías fuertes y necesarias para fuentes de trabajo y económicas, serían parte del panorama que le esperaría a Costa Rica tras esta medida.

¿Entonces cuál es la posible solución? ¡El recorte del gasto público!

El gasto público es el total de gastos realizados por el sector público, en la adquisición de bienes y servicios, que abarcan distintas áreas entre ellas la educación, seguridad, salud pública, infraestructura, por ejemplo, pero que además incluye el sueldo de funcionarios, gastos de oficina del Gobierno, viáticos, vacaciones, entre otros, y que además de absorber miles de millones de colones para beneficio de unos pocos, es el pueblo quien lo patrocina. Es por estas razones que se ha planteado la reducción del gasto público.

El sistema de pensiones es uno de los más cuestionados, pues no se cotiza para el beneficio que se obtiene, y el cual la Sala Constitucional (tras varios recursos de amparo interpuestos para anular ciertos artículos de normativas referentes a este tema), avaló el recorte de hasta un 50% a las pensiones de lujo y la eliminación del aumento anual del 30%. Con esta sentencia, una pensión bruta de ¢10 millones podrá ser recortada hasta los ¢5 millones.

Según la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), existen actualmente 61.000 pensiones de lujo que bien pueden llegar hasta los ¢14 millones mensuales, por lo que dicho recorte alcanzaría para dar 12.000 nuevas jubilaciones a adultos mayores en condición de pobreza, que están bajo el Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), las cuales hasta el momento otorgan una cantidad mensual de ¢82.000.

Otra alternativa, según los economistas, es acceder a las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) y utilizar un máximo del 20% de ellas, lo cual se estima en aproximadamente $1.600 millones. Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica (Cinpe) de la UNA, explicó que en la actualidad las reservas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) rondan los $8.300 millones, donde alrededor de $2000 millones podrían utilizarse para mitigar la crisis sin afectar a dicha entidad bancaria, ni acceder al crédito del FMI.

“De las RMI hay una parte que no deberían utilizarse y otra que se utiliza para atender situaciones temporales eso podría rondar los $1500 millones y además quedan los activos netos, que serían la riqueza del país, que suman alrededor de $5.000 millones en RMI, los cuales representan la base de lo que se ha acumulado a lo largo de los años como país, es decir: “las joyas de la abuela en la casa”, el ahorro que no se toca a no ser de atender una verdadera emergencia”, comentó Vargas quien agregó que para acceder a ellas hay que emitir colones en la contrapartida de sacar esos dólares del banco, ya sea que se le presten al Ministerio de Hacienda para hacer reconversión de deuda cara por deuda barata o bien invertir en capitalización de las empresas en un programa de reconversión productiva para que el país pueda resurgir después de la pandemia.

Por su parte Fernando Rodríguez, economista del Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Escuela de Economía de la UNA, considera que una alternativa es pedir al BCCR que compre títulos de deuda interna del gobierno central, usando para ello colones que el Banco puede imprimir libremente. “De esta manera aliviamos la enorme presión de financiamiento que hay para el 2021, reduciendo el costo de la deuda pública (la compra se podría hacer a una tasa muy baja o cercana a cero) y sin generar mayores riesgos cambiarios, eso sí los riesgos inflacionarios de ambas medidas serían similares”, comentó el especialista.

¿Cómo está el Ministerio de Hacienda ante todo el caos?

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pretende en su fondo como bien ella lo indica fortalecer el sistema tributario del país, mediante el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, a agosto de este año, el Ministro Elián Villegas reconoció ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, que la entidad no  solo no cuenta con datos actualizados sobre la evasión fiscal del país, sino que además no se tiene claro de cuánto ha sido dicha evasión tras la presencia de la pandemia en Costa Rica.

Los últimos datos del Fondo Monetario con los que cuenta el Ministerio de Hacienda indican que al 2018, la evasión fiscal del país representó un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, la esperanza está según Villegas, en recolectar dicha información con el ingreso de recursos del pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA).

Actualmente la Asamblea Legislativa tramita un préstamo por $156,6 millones para hacer un Ministerio de Hacienda Digital, que trabaje mediante una gestión eficiente de la información tributaria y con el fin de combatir la evasión fiscal de forma agresiva.

Según el proyecto, un 18,2% de los recursos es decir, $28,4 millones serán para mejorar la eficiencia y orientación al cliente de la administración tributaria y un 14%, $23 millones, será para fortalecer el entorno institucional y operativo del Ministerio de Hacienda.