La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público aprobó una moción para proceder a investigar el manejo, destino, uso correcto y aprovechamiento de los recursos que recibe la Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, generados por la Ley 9047 Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, así como por las cuotas que pagan las municipalidades afiliadas con el dinero de los contribuyentes de cada cantón.

La moción fue presentada por legisladores de la bancada de la Unidad Social Cristiana quienes buscan comprobar el beneficio, para los gobiernos locales, de los aportes por afiliación y las transferencias de ley, así como el correcto uso de esos recursos.

El objetivo es conocer si hay posibles gastos innecesarios o indebidos que se cubren o han intentado cubrirse con fondos públicos, la legalidad de lo actuado, el apego al interés público y la conveniencia para el régimen municipal.

Entre los objetivos se pretende determinar la correcta aplicación de los principios de contratación administrativa, la sana fiscalización y la rendición de cuentas por parte de la UNGL en la ejecución de los fondos.

La moción incluye revisar la estructura de gastos que se cubren con dichas transferencias y aportes municipales o asignación de gastos superfluos o discrecionales cuando se asignan viajes y viáticos al extranjero, organización de eventos, pagos de consultorías y de servicios profesionales, compra de vehículos y el incremento de la planilla, además conocer el impacto de dichos gastos en la atención de las necesidades de los gobiernos locales.

La caja chica, las compras, el desglose de pagos, los rublos cubiertos que se realizan, y hasta los montos que se dedican a viáticos dentro y fuera del país, no escaparán al trabajo escrutador de los parlamentarios.

Además de ello, se espera identificar cuál es la metodología que se utiliza para la designación de los representantes en los diversos órganos colegiados del sector público en los cuales tiene representación el régimen municipal, entre los que se encuentran el COSEVI, CONAVI, DINADECO, PYMAS, SENADA, IFAM.

La larga lista de puntos a estudian incluyen la flexibilidad y analogías jurídicas con base en vacíos legales, reglamentos y estatutos por los que se rige la UNGL que le podrían permitir asignar los dineros de la ley en diversos rubros alternativos de manera discrecional, cambiar sus usos en el tiempo sin establecer prioridades de atención para los gobiernos municipales.

Evaluar la posible duplicidad de funciones y valorar la conveniencia de las funciones que ejerce la UNGL en materia de representación e incidencia política a favor del régimen municipal, brindar capacitaciones y asesoría a los gobiernos municipales.

Para iniciar el proceso de investigación se aprobó que comparezcan en la comisión: Karen Porras Arguedas directora ejecutiva; José Rojas Méndez Presidente de la Junta directiva; Jorge Carvajal auditor interno todos de la UNGL y la Contralora General de la República, Marta Acosta.
 

OTRAS ACCIONES

Se les amplió el plazo a las subcomisiones para presentar los respectivos informes de los expedientes: por 30 días hábiles al 23.206; por 150 días hábiles al 23.224 y el 23.241; 23.369; 23.408 y 23.409.

Por último, se aprobó dejar sin efecto la convocatoria de audiencia a varios funcionarios relacionados con el caso de ASEBANACIO, debido a que los investigadores consideran que ya cuentan con suficiente información para rendir el respectivo informe.
 

ESCAZUSEÑOS EN AUDIENCIA

En la audiencia de este día se recibió a Laura Cordero subjefa del Proceso de Proveeduría; Cristhian Ramos jefe del subproceso de Construcción de Obra Pública, Carlos Monge subproceso de Planificación Urbana y Cristhian Boraschi gerente del Departamento de Gestión Urbana, todos de la Municipalidad de Escazú con el objetivo de que se refirieran a hechos relacionados con el caso Diamante.

En esta oportunidad el gerente Boraschi se abstuvo de responder la mayoría de los cuestionamientos que le hicieron los congresistas Fabricio Alvarado y Francisco Nicolás, aduciendo que el expediente del Caso Diamante, se encuentra judicializado y él se encuentra involucrado.

En el caso de la subjefa de Proveeduría Laura Cordero, fue poco lo que aportó a las preguntas que le hizo la diputada Sofía Guillén quien le consultó si no le llamó la atención el hecho de que, iniciando desde el 2013, pero acentuándose a partir del 2016, la empresa MECO acaparara cada vez más contratos de obra pública, hasta llegar en el 2020 a tener el 100 por ciento de estos. Cordero adujo desconocer el informe de la Auditoría.