Ante denuncias de maltrato en la atención en hospitales psiquiátricos del país, que han circulado recientemente, docentes de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA) emitieron un pronunciamiento en el cual hacen un llamado a escuchar las voces de las personas que son ingresadas en estas instituciones.

A continuación, el pronunciamiento, suscrito por 21 docentes de esa unidad académica de la UNA:

“Las y los docentes de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Costa Rica, frente a las denuncias de abuso en establecimientos psiquiátricos que han circulado recientemente en medios de comunicación y redes sociales, manifestamos lo siguiente:
Las condiciones deshumanizantes que predominaban en los hospitales psiquiátricos fueron motivo de preocupación desde décadas atrás, inspirando representaciones literarias como la novela Cachaza publicada en 1976, del psiquiatra Virgilio Mora, en la que se denunciaron los tratos degradantes a los que se sometía a la población institucionalizada en el Asilo Chapuí.

Esto nos habla de que las situaciones a las que se refiere este
pronunciamiento no corresponden a un fenómeno nuevo.
La Declaración de Caracas, desde la década de 1990, llamó a desmontar el modelo tradicional en atención psiquiátrica debido a su poca efectividad, su funcionamiento como instancia de control social y por sus efectos iatrogénicos y cosificantes, instando a la reforma de los servicios de atención en Salud Mental para hacerlos respetuosos de los derechos humanos de las personas con diagnósticos psiquiátricos.
Por otro lado, la OPS (2020) realizó una revisión de los servicios en atención a la salud mental en América Latina y el Caribe, en la que Costa Rica estuvo representada, y donde se abogó por fortalecer las redes de atención comunitaria, en oposición al recurso de la hospitalización.
Reconocemos que los hospitales psiquiátricos han atravesado un proceso de reforma a partir de la década de los 1990, la cual ha dado lugar al desarrollo de proyectos de desinstitucionalización y rehabilitación, así como la elaboración de protocolos que regulen el accionar de los y las
profesionales en salud mental.
No obstante, las recientes denuncias muestran que las problemáticas asociadas al tratamiento que reciben las personas con diagnósticos psiquiátricos, no se resuelven únicamente a partir de la adopción de criterios técnicos, y nos llaman a escuchar las voces de las personas que son ingresadas en estas instituciones.
A partir de lo anterior instamos a que se tome en consideración lo siguiente:

• Que las personas que ingresan y son ingresadas a los hospitales psiquiátricos se encuentran en una condición de vulnerabilidad que no debe ser abusada, por lo que no se excusan las faltas a su dignidad, la cosificación y deshumanización.
• Que la forma en que las instituciones entienden la Salud Mental, se expresa en el tratamiento que reciben las personas que tienen padecimientos, por lo que resulta intolerable que haya abordajes que les rebajen a la no toma de decisiones, desvaloricen su palabra, y ejerzan un control coercitivo del cuerpo.
• Que todas las prácticas del personal de salud deben garantizar la dignidad humana de las personas ingresadas a los hospitales, y que debe revisarse los tratamientos forzados, tales como ataduras, contención mecánica, medicación forzosa, en tanto estas lesionan la salud psíquica de las personas con diagnósticos psiquiátricos, aunque resulten favorables para un personal sobrecargado de trabajo.
• Que se debe superar la mirada asistencialista y paternalista con relación a la Salud Mental, y que las personas con diagnósticos psiquiátricos deben reconocerse como partícipes activas de la reforma psiquiátrica y sujetos políticos capaces de enunciar sus propias demandas, no sólo receptoras pasivas de derechos.
• En este sentido, celebramos que se realice una auditoría por parte del Ministerio de Salud y la Contraloría de Servicios de la CCSS, para investigar las denuncias que se han realizado últimamente y sentar responsabilidades, pero instamos a las autoridades a entablar diálogos con personas receptoras de servicios en Salud Mental, para conocer sus experiencias y necesidades más allá de los casos concretos que se han dado a conocer.
• Que se debe volver una mirada crítica a los procesos de formación del personal en Salud Mental -incluyéndonos como Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Costa Rica-, la distribución de responsabilidades y las condiciones de trabajo en los hospitales psiquiátricos, a manera de identificar efectos del desgaste laboral, así como la posible deshumanización del propio personal, máxime en un contexto de alta complejidad como lo es la emergencia sanitaria que ahora atravesamos.

Nos seguimos preguntando por el lugar que ocupa la Salud Mental en la agenda de las políticas de Estado, en las instituciones estatales, y qué valoración se ha hecho de la misma en cuanto a recursos humanos en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Por último, insistimos en que este es un tema que debe preocuparnos no solo a las personas profesionales de la Salud Mental y personas que reciben servicios en hospitales psiquiátricos, sino a la sociedad costarricense como un todo: la vulnerabilidad es una condición común a todos y todas como sujetos de la vida”.