El debate por liberalizar el precio del arroz en el país tendrá un nuevo escenario que propicia el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), en coordinación con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), a través del foro de análisis “Pros y Contras de la Regulación del Precio del Arroz”.

Esta actividad programada para el próximo martes 20 de octubre a las 10 am será transmitida por las plataformas digitales de las entidades organizadoras, y contará con el co-patrocinio mediante el apoyo de transmisión en el Facebook Live de La Revistacr.com. Contará con la participación de expertos en economía, regulación y mercados internacionales. El panel de conferencistas está integrado por:

• Eduardo Rojas Villalobos, miembro de la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
• Nelson Arroyo Blanco, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR).   
• Leiner Vargas Alfaro, economista de la Universidad Nacional (UNA).   
• Bernal Jiménez Chavarría, economista y empresario.

"El precio del arroz es el único que mantiene regulación dentro de la canasta básica.  Su alta demanda y posicionamiento en la dieta de la población costarricense es la razón por la que los sectores académicos debemos tomar parte en esta discusión”, comentó Olman Segura, director del CINPE. 

Para él, deben valorarse con lupa al menos dos cuestiones: 1) si la medida de apertura beneficiará o no a los consumidores del producto, especialmente a los de menos ingresos y 2) cómo hacer para no afectar a los pequeños productores del grano.

Los expertos analizarán si la metodología que opera en el país es la adecuada para establecer los precios en un mercado abierto. También, se referirán a factores de transparencia, distorsión, mecanismos regulatorios, competencia, así como beneficios para el consumidor.

Otra temática clave es la solicitud contenida en el artículo 21 de la nueva Ley de Fortalecimiento de las autoridades de competencia que rige desde el 18 de noviembre de 2019 y que fue aprobada como parte del proceso para ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Defensa a los productores 

El Ministerio de Economía convocó en julio anterior, una mesa interinstitucional para establecer el rumbo de la metodología de regulación. Tras una negociación el pasado 23 de agosto, el Gobierno y los arroceros acordaron mantener el esquema de fijación, sin embargo, expertos económicos, diferentes sectores productivos y líderes de opinión hicieron un llamado para que se amplíe el análisis de esta decisión.

Posterior a este acuerdo, se nombró una mesa técnica cuya agenda está centrada en 16 puntos de tipo económico, legal, financiero y productivo que tiene dos objetivos prioritarios que son: dar certeza a la compra nacional y fortalecer las prácticas agrícolas que mejoren el rendimiento, costos y calidad.

Isabel Quirós, directora ejecutiva de Conarroz reconoce que la mesa técnica debe priorizar las herramientas necesarias para el fortalecimiento y protección de los productores e industriales ante la desgravación arancelaria que introducirá el TLC en el 2024.

El discurso del sector arrocero está enfocado en proteger la fijación de precios, ya que la institución proyecta una afectación a los consumidores en la continuidad y tarifas justas para el grano.  Además, recalcan que se afectarán más de 33 mil empleos, entre directos e indirectos, que genera el arroz en 25 cantones rurales.