Los procesos de selección y nombramiento de los magistrados y magistradas de las Cortes Supremas de Justicia en Centroamérica enfrentan importantes desafíos que urgen sean atendidos: el nombramiento a cargo de órganos políticos y la ausencia de criterios objetivos para evaluar estas candidaturas.

Implementar reformas en dichos procesos es urgente para despolitizar y procurar la transparencia y rigurosidad.

Los procesos de nombramientos para integrar las Cortes Supremas de Justicia son fundamentales para hacer efectivo el principio de independencia judicial, el cual está relacionado directamente con la protección y tutela efectiva de los derechos de las personas y que además es fundamental para garantizar la separación de poderes, sin la cual no es posible afirmar que existe un sistema de pesos y contrapesos con capacidad de frenar los abusos de poder.

De acuerdo con las investigaciones del proyecto “Selección y nombramiento de magistrados y magistradas en las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica: análisis comparado y estudios de casos de El Salvador, Guatemala y Honduras” auspiciado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en varios países de la región se pudo constatar que los partidos políticos buscan asegurar que las personas electas sean afines a sus posiciones partidistas, sin importar su idoneidad para el ejercicio del cargo. Asimismo, se observó la influencia de otros grupos de poder en los procesos de selección y nombramiento.

A pesar de que en países como Honduras y Guatemala, se da la participación de amplios sectores sociales, disminuyendo la opacidad de los procesos, ello no ha implicado el apego a los estándares internacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá cumplen con el principio de publicidad de las convocatorias, pero se recomienda que ello cubra las diferentes etapas del proceso hasta la elección definitiva de las magistraturas.

Con respecto al desafío de la ausencia de mecanismos objetivos, si bien en la mayoría de los países centroamericanos el proceso de elección de magistrados y magistradas establece procedimientos para preseleccionar las candidaturas que avanzan a posteriores etapas, no existen reglas claras y explícitas sobre el perfil de las personas a elegir ni criterios objetivos para evaluar y calificar a las personas postulantes. Además, cada vez que se realizan estos procesos, los entes encargados suelen modificar la metodología utilizada para realizar la preselección, lo que genera inseguridad jurídica y propicia incurrir en arbitrariedades.

Las investigaciones realizadas constatan que la sociedad civil ha presentado recientemente propuestas de reforma en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. No obstante, solo en éste último país la propuesta busca modificar de manera integral el proceso de selección (lo que implicaría una reforma constitucional), en los otros casos las propuestas se refieren a temas puntuales para resolver solo algunas de las deficiencias descritas.