Con 43 votos a favor y 5 en contra, el Plenario Legislativo aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 21.922 para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera del gremio municipal, ante la emergencia sanitaria.

Las 82 municipalidades del país quedaron fuera de la aplicación de la Regla Fiscal todos los recursos que les transfiera el Gobierno Central a las municipalidades, pues según las autoridades locales, existe una afectación a gran escala en la situación económica de las entidades y la aplicación de la medida pondría en peligro las labores diarias.

De esta manera se otorga a las municipalidades la posibilidad de flexibilizar sus recursos pues sostienen que la regla fiscal es una camisa de fuerza que les afecta para enfrentar la crisis.

“Para el régimen municipal esta aprobación es muy importante pues permitirá beneficiar al contribuyente, al patentado que se ha visto afectado con toda la emergencia del COVID-19, pero además permitirá que los municipios continúen brindando los servicios esenciales en cada uno de los cantones”, comentó Juan Pablo Barquero, Presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

Proyecto se aprobó a pesar de cuestionamientos de la CGR

Tras el último informe generado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el Proyecto de Ley 21.922, para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional, el ente contralor cuestionaba el presupuesto común de los municipios ante el presupuesto del gremio ante la situación de emergencia.

Datos del informe indican que en los artículos 4 y 5 del expediente 21.922, se compara la situación actual de pandemia mundial, con los ingresos del período presupuestario 2019, cuestionando que la situación producía un ahorro natural en los ingresos de los municipios, y dejaba de lado los gastos generados por la crisis tales como: el pago de horas extra de los policías municipales e inspectores, limpieza de espacios públicos, entrega de ayudas humanitarias y medicamentos, equipo de protección personal, aumento en costos de los servicios, entre otros.

El ente contralor insistía además en que se eliminaron los requisitos para que las municipalidades reciban los recursos de la red vial cantonal, lo que según su parecer esto beneficiaría la situación económica de los municipios, dejando de lado que se establecieron dos nuevas obligaciones que deben cumplir las municipalidades: copia de presupuesto aprobado por la CGR y su programación financiera.

Por otra parte, en los artículos 7, 8 y 9 del Proyecto de Ley, la CGR alegaba que no se establecían límites en el plazo, sin embargo textualmente se indica que dichas autorizaciones serían de “forma excepcional” y por los años 2020 y 2021.

“Recalcamos que, este proyecto no busca incrementar la planilla municipal, sino que plantea autorizaciones temporales y excepcionales para enfrentar una situación igualmente excepcional. No se dejan de aplicar normas de control interno, las municipalidades buscan la posibilidad de ejecutar los recursos que ya tienen y de esta forma enfrentar mejor la reducción de sus ingresos”, comentó Karen Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL.

Para este 2020 el endeudamiento municipal solo representa el 2.3% de los ingresos según los presupuestos ordinarios, por lo que la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, representa un alivio para los 82 municipios del país.