Como parte del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y con el fin de apoyar a la reactivación económica de cada región del país, se autorizó un financiamiento de ¢150 millones por parte del fondo de Prein­versión del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), para la elaboración de cuadrantes urbanos regionales.

Dicho proyecto se realizará en un pe­riodo aproximado de 28 meses, a partir de su adjudicación. Hasta el momento, el plan se encuentra en estudio y poste­riormente entablaría un proceso de li­citación para comenzar con respectivo emprendimiento.

En total se trabajaría con la delimita­ción de 345 cuadrantes urbanos y áreas de crecimiento de las cinco regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), entre ellas Guanacaste, y para las cuales el Instituto Nacional de Vi­vienda y Urbanismo (INVU), desarro­llaría los instrumentos de planificación urbana necesarios para la toma de deci­siones de cada población.

Según Luis Daniel Soto Castro Vice­ministro de Planificación Nacional y Política Económica, el objetivo del proyecto es potenciar y promover en las ciudades intermedias o que están en proceso de un mayor desarrollo ur­bano, la implementación de cuadrantes urbanos y territoriales que delimiten los principales servicios básicos y ac­tividades económicas de cada poblado. “De esta forma, se puede determinar el área de influencia actual, pero también ver a futuro el posible radio de expan­sión de dicha actividad; y permitir a los gobiernos locales brindar los permisos para construcciones, o para negocios basados en la localización y actividad económica por sector”, comentó el vi­ceministro.

Los cuadrantes urbanos son instrumen­tos más ambiciosos, que valoran la pla­nificación urbana, pero que contemplan además la visión del desarrollo económico de cada gobierno local. Mientras no se cuente con planes reguladores, esta herramienta sirve como base para comenzar a planificar territorialmente a cada cantón.

Estado de Planes Reguladores (PR) a Junio 2019

Fuente: MIVAH.

Debido a su crecimiento urbano y a las condiciones geográficas y ambientales que posee, la región Chorotega fue ele­gida para incluirla dentro de este mode­lo de desarrollo urbano.

“Cada región tiene su particularidad, sin embargo, Guanacaste tiene condi­ciones muy especiales de uso de suelo, de cercanía con el mar y de condiciones geográficas, que la hacen vulnerable ante aspectos como el cambio climá­tico. Al no contar además con planes reguladores en todos sus cantones, este proyecto funciona como un modelo de prevención mientras se logra corregir esta faltante en la provincia”, resaltó Soto.

Planes reguladores desfragmentados

Según datos del INVU, la mayor parte de los 155 planes reguladores  existen­tes y correspondientes a las zonas cos­teras, incluidas Guanacaste; no cuentan con una adecuada actualización y ade­más no abarcan entre sus contenidos la totalidad de un territorio cantonal.

Los excesivos trámites exigidos a las municipalidades, la desactualización en cuanto a las nuevas disposiciones en temas de control ambiental y los reque­rimientos por parte de zonas marítimo terrestres, son algunas de las limitantes que presenta cada cantón para poder obtener un plan regulador y repercute en problemas para una buena planifica­ción urbana.

“En Guanacaste, son muchos los can­tones que no tienen planes reguladores, por lo que los cuadrantes urbanos son una herramienta intermedia, para poder elaborar un buen plan regulador a futu­ro”, agregó el viceministro Soto.

Debido a la problemática, el Gobierno ha trabajado en acciones específicas para agilizar un mejor planeamiento urbano. Por ejemplo, mediante la do­nación de Fondo Verde del Clima por ¢1.637 millones, se pretende colaborar para la elaboración de planes regulado­res en un periodo de 3 años, en especial para aquellas regiones de riesgo y con alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.

Este proyecto es aún un plan piloto, y está en la búsqueda de más alternativas de financiamiento. Sin embargo, se han incluido a 20 municipios del país, en­tre los cuales Nicoya, La Cruz y Cañas fueron elegidos como prioridad para comenzar a trabajar con planes regula­dores.

“Los mayores beneficios que obtendría la provincia son de índole preventiva, ya que a partir del momento en que se establezcan se conocerían más minu­ciosamente las actividades o intensio­nes de desarrollo que no beneficien a la localidad. Por ejemplo, se evitaría construir a la orilla de una playa, o a la orilla de un río o manglar, y se po­drían prevenir daños de infraestructura pública, o pérdidas de vidas en el peor de los casos por situaciones climatoló­gicas que se presenten”, agregó el fun­cionario.