Desde hace algún tiempo el sec­tor productor del país, se ha visto en la necesidad de con­tratar mano de obra extranjera tempo­ral para la recolección de sus cosechas. La razón se debe a que, desde hace va­rios años, el trabajador costarricense se ha enfocado en la especialización de carreras profesionales dejando de lado la producción agropecuaria.

Ante la faltante de obreros nacionales, los trabajadores migrantes cosecheros, han sido la opción para evitar que la producción en ciertas zonas se parali­ce, sin embargo, surge la preocupación de que no existe una política migrato­ria que legalice su estatus en el país y pone en riesgo tanto al trabajador como al empresario, y por ende a la producción.

Según Oscar Arias Moreira, vocero de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), en Guana­caste hay un gran impacto porque los cultivos en especial la caña, el melón, la sandía y los cítricos utilizan ayuda migrante.

Para la recolección de café a nivel nacional, por ejemplo, es necesario contar con alrededor de 40.000 tra­bajadores transfronterizos, solamente para la fase inicial de la cosecha, sin contabilizar la demanda del resto de los sectores.

“Ellos vienen por días, por semanas o meses a ayudar en las fincas, y ese es un esquema que no calza con la re­gulación laboral aplicable a cualquier otro trabajador. El problema es que para que ellos puedan entrar al siste­ma de seguridad social, se requiere un estatus migratorio que actualmente no existe”, comentó Moreira.

Datos de la CNAA indican que en el país existe alrededor de 73.000 trabajadores migrantes temporales, trans­fronterizos y que laboran por cuenta propia y quienes en su mayoría tienen un estado irregular migratorio que los expone a la deportación.

Por su parte a los productores y agro empresarios que los contraten, se arriesgarían a multas que van desde ¢886.000 hasta los ¢5 millones a partir del próximo 6 de mayo, fecha en que vence la última prórroga emitida por el Gobierno mediante el decreto ejecu­tivo N°41429 del 6 de noviembre del 2018.

Ayudantes migrantes son clave en la producción guanacaste­ca

Según indicó el vocero, la cantidad de trabajadores extranjeros en la región Chorotega, rondan los 4000 trabaja­dores en momentos pico, quienes en su gran mayoría se establecen en los cantones fronterizos tales como La Cruz. Generalmente son provenientes de países como Nicaragua y traerlos como recolectores significa un costo de $128 por persona, monto que debe asumir el productor.

“Hay que entender que es muy bajo el porcentaje de costarricenses que quie­ren trabajar en agricultura, por eso se debe insistir en que a la migración hay que darle un rostro humano, median­te mecanismos simples y ágiles que permitan que el trabajador pueda in­corporarse dentro del sistema laboral y de seguridad social, para que el roll productivo continúe en marcha y la economía se beneficie también”, agre­gó Arias.

Ante la situación, la CNAA trabaja en la implementación de un decreto am­parado a la Ley de Migración y Ex­tranjería, que aumente la flexibilidad de ingreso al país, y a su vez simpli­fique los trámites y abarate los costos.

Su promulgación declararía un régi­men de excepción, con la finalidad de que los productores agrícolas, pe­cuarios, acuícolas, agroindustriales y agroexportadoras, puedan legalizar la situación migratoria de los trabajado­res transfronterizos, temporales y por cuenta propia que se contraten. El plan se encuentra en proceso de diálogo.

Actualmente el logro más prominente en el tema ha sido que el gobierno ha emitido prórrogas de hasta un año para intentar regularizar la situación de es­tos trabajadores temporales y que a los patronos no se le apliquen las multas establecidas en el artículo 177 de la Ley de Migración y Extranjería.