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ACERCAMIENTO. La presidenta de la República, Laura Fernández, se reunió con representantes del Poder Judicial para analizar reformas en ese ámbito del Estado con el fin de incrementar la seguridad ciudadana. Fotografía: Casa Presidencial.

Presidenta Laura Fernández establece prioridades

Las primeras semanas de la Administración de la presidenta Laura Fernández estuvieron marcadas por un esfuerzo para establecer las prioridades que empiecen a generar resultados a la mayor brevedad posible porque; entre razones, ella llegó al Poder Ejecutivo con un equipo que tiene varias piezas del anterior gobierno.

Ese respaldo representa una de las mayores fortalezas de las nuevas autoridades que ya pagaron “el derecho de piso” porque acumulan una experiencia de los cuatro años anteriores en posiciones jerárquicas como las sillas ministeriales o presidencias ejecutivas.

Los inicios de la mandataria Fernández en Zapote se destacaron por una estrategia de “ensayo y error” de acercamientos con partidos políticos de oposición y otras ramas del Estado como el Poder Judicial.

Para el politólogo y analista, Sergio Araya, el reto inicial del actual gobierno es de tipo “interno” porque el caudal de apoyo en las pasadas elecciones, que se concretó en una bancada de 31 diputados, “debe traducirse en una efectiva y fluida gobernanza tanto en la Asamblea Legislativa, como en la interacción con el Ejecutivo”.

“Aquellas reformas que requieren de mayoría simple deberían tramitarse con más celeridad que en períodos constitucionales anteriores donde el Poder Ejecutivo no contaba con esta fortaleza. El desafío es mantener la cohesión de esos 31 legisladores para que durante cuatro años estén sintonizados”, explicó Araya.

Primeras tres señales

El arranque de la administración estuvo signado por tres temas país; a saber, la aprobación legislativa de un préstamo por $USD 800 millones para el desarrollo de un Tren Eléctrico de Pasajeros entre Cartago y Alajuela obra vendría a descongestionar el tránsito en las vías del Gran Area Metropolitana afectadas diariamente por grandes presas.

Los fondos serán aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Europeo. Se trata de dos líneas que suman más de 51 kilómetros a doble vía: una desde Paraíso de Cartago hasta San José y otra desde San José hasta el centro de Alajuela.

Ahora en adelante se tendrá que definir un cartel de licitación internacional para llevar a cabo las obras de infraestructura; además, tendrá que resolverse 145 expropiaciones.

Otra de las grandes apuestas de la Administración Fernández durante las primeras dos semanas consiste en la tramitación en sede legislativa del Proyecto de Ley de Armonización del Sector Eléctrico que tiene como meta abrir ese sector de la economía y atraer mayores inversiones.

La propuesta se conocerá en la Asamblea Legislativa el 26 de mayo donde ocupa 38 votos para salir adelante. En los últimos días los diputados de Liberación Nacional (17), Frente Amplio (7), Unidad Social Cristiana (1) y Coalición Agenda Ciudadana (1) anunciaron que votarán de manera negativa, lo cual posiblemente obligue a realizar cambios en el documento original.

OBRA DE IMPACTO. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón (izq.) y la presidenta Laura Fernández, firmaron la Ley que materializa el proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros. En el evento estuvieron acompañados por el presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Alvaro Bermúdez.

El tercer tema que copó la agenda presidencial en los últimos 15 días tiene una relación directa con la seguridad ciudadana, preocupación recurrente durante los últimos años y que motivó una reunión de trabajo entre la Mandataria Fernández, el Ministerio Público y Magistrados de la Corte Suprema.

La medida más relevante en este campo se produjo gracias a la decisión de la presidenta Fernández de asumir el control directo de la estrategia en ese campo mediante la implementación de una Fuerza de Tarea.

Ese equipo de trabajo involucra al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la Policía de Control de Drogas, la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Academia Nacional de Policía, así como representantes de la Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia y de la Policía de Migración, adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía.

La instancia se reunirá todos los lunes para ejercer un seguimiento directo, supervisión permanente y control estratégico de las acciones orientadas a prevenir y combatir la criminalidad en el país.

Una nota de prensa del MSP señala que los jerarcas policiales deberán informar a la presidenta sobre los avances alcanzados, las principales necesidades operativas y las acciones prioritarias que deberán ejecutarse para fortalecer la seguridad ciudadana, con el propósito de construir una hoja de ruta que orientará la gestión policial durante el cuatrienio.

 

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