Universidades públicas exigen respeto a la Constitución Política
Las cinco universidades públicas de Costa Rica han sido y son un factor determinante el desarrollo del país.
La presencia de estas instituciones en todas las regiones de Costa Rica ha contribuido a elevar la calidad de vida de la población y a incrementar los índices de desarrollo nacional en comparación con otras naciones de nuestra Región.
La participación de las universidades públicas adscritas al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), abarca prácticamente todas las actividades económicas, sociales y culturales, a través de la docencia, la investigación, la acción social y otras actividades estratégicas para el país.
Los “rankings” internacionales colocan a la Universidad de Costa Rica y demás universidades públicas entre las mejores de Centroamérica, el Caribe e incluso varios países latinoamericanos.
Asimismo, de acuerdo con reiterados estudios nacionales independientes, desde hace varios años las universidades públicas son las instituciones mejor valoradas por la población costarricense, por encima incluso de instituciones como la Iglesia Católica, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y el Poder Judicial, entre otros.
Esto confirma que estas instituciones cumplen plenamente con la misión para la que fueron creadas y que lo que corresponde es fortalecerlas para que cumplan mejor sus tareas de cara a los desafíos futuros.
DERECHO CONSTITUCIONAL
En la Constitución Política de 1949 las personas constituyentes acordaron blindar a las instituciones de educación superior de los intereses políticos coyunturales, dotándolas de “independencia para el desarrollo de sus funciones, y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio.”
Asimismo, la Asamblea Constituyente garantizó en el artículo N°85 el financiamiento de las universidades. “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones” Más tarde se incorporaría a la Universidad Técnica Nacional.
Sin embargo, en los últimos años los gobiernos de diferente signo partidario, pero bajo un mismo norte ideológico, han promovido leyes, reglamentos y otras disposiciones que atentan contra esa disposición constitucional, lo que ha provocado importantes afectaciones al quehacer de las instituciones de educación superior.
NEGOCIACIÓN DEL FEES
Según manifestaron las autoridades en un comunicado a la comunidad universitaria el viernes 12 de agosto del 2022, en el marco del inicio de la negociación para el financiamiento de las universidades públicas para el próximo período fiscal, “el Gobierno presentó una propuesta de Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que no reconoce el aumento de costo de vida que estipula el artículo 85 de la Constitución Política, ni las deudas pendientes.
“Además, propone un recorte de un 22,8% respecto del monto del año anterior. Ese irrespeto a la Constitución Política también atenta contra el marco de negociación que se acordó ese día durante la primera sesión de la Comisión de Enlace.
“Este recorte implicaría graves consecuencias para las actividades sustantivas de las cinco universidades públicas, incluso se podría llegar al cierre técnico de algunas de ellas.
“Esta propuesta se enmarca en una serie de ataques a la educación pública, en un momento en el que más bien se debe fortalecer esta inversión en todos sus niveles: preescolar, primaria, secundaria y educación superior.
“Con la propuesta presentada por el Gobierno, la UCR dejaría de percibir aproximadamente ₡64 mil millones de colones en el 2023. Esto afectaría seriamente los cupos, las becas, los nombramientos, la investigación, la acción social y la regionalización.”
En razón de lo anterior, las autoridades universitarias adscritas al CONARE hacen un llamado a las comunidades universitarias y a la sociedad costarricense, a defender el acceso a la educación superior pública de Costa Rica y los aportes que esta brinda al país.
Por ello el próximo martes 16 de agosto a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 12:00 día convocan a una marcha hacia la Casa Presidencial. En el caso de la UCR, el punto de salida será el Pretil, frente a la Escuela de Estudios Generales.
MARCHA HACIA CASA PRESIDENCIAL
En un comunicado remitido a la comunidad universitaria de la UCR el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR, manifestó que durante la mañana del martes “se suspenden todas las actividades programadas en este horario incluyendo lecciones, giras, actividades administrativas, entre otras.
“Se insta a las personas docentes que tengan cursos entre 7:00 a.m. y 8:00 a.m. a utilizar este espacio para reflexionar sobre el aporte de la educación pública al desarrollo nacional.”
“La calidad de nuestra educación nos define como país, y no existe justificación fiscal para reducir el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se dedica al financiamiento de todo el sector educativo, como lo propuso el Poder Ejecutivo.
“Aceptar este recorte implicaría la profundización del rezago educativo y la condena del futuro del país. Salgamos a la calle representando nuestras áreas de trabajo y conocimiento, usemos la indumentaria que las caracteriza y llevemos emblemas nacionales.”
Por su parte, Dra. María Laura Arias Echandi, vicerrectora de investigación de la UCR, hizo un llamado a todas las personas funcionarias de las instancias adscritas, a manifestarse contra los recortes presupuestarios, pues ello implicaría la parálisis total de las actividades sustantivas, incluyendo la investigación.
De ahí que las actividades programadas para el martes 16 de agosto, incluyendo las relacionadas con el Mes de la Ciencia UCR-2022, se trasladarán para una fecha que oportunamente se dará a conocer.
Fuente:vinv.ucr.ac.cr
