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Vista aérea del Polo Turístico Golfo de Papagayo, en Guanacaste, uno de los principales destinos turísticos y motores de inversión de Costa Rica.

La Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (ASOPAPAGAYO) expresó su preocupación por una resolución emitida por el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, que impone una moratoria total sobre permisos de corta de árboles y suspende nuevas autorizaciones de construcción y cambios de densidad dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Según la organización, la decisión genera inseguridad jurídica, afecta la credibilidad institucional y paraliza uno de los proyectos turísticos más relevantes para Guanacaste y Costa Rica. Rodrigo Castro, director ejecutivo de ASOPAPAGAYO, señaló que no solo se frena un proyecto, sino que también se pone en duda la seguridad jurídica del país.

El Polo Turístico Golfo de Papagayo, destacan, es resultado de una política pública de más de 50 años, respaldada por leyes, planificación técnica y decisiones estatales. Además, lo describen como el proyecto más regulado y supervisado del país, con un Plan Maestro vigente desde 1995 que establece reglas claras para concesionarios y autoridades.

La asociación advierte que modificar abruptamente las condiciones de operación de un modelo consolidado debilita la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y pone en riesgo un esquema que ha generado beneficios económicos importantes para la provincia y el país.

En términos de inversión, el proyecto ha canalizado más de $2.200 millones ya ejecutados y mantiene cerca de $2.900 millones en desarrollo, para un total superior a $5.100 millones. Para ASOPAPAGAYO, estas cifras reflejan la confianza sostenida en la estabilidad jurídica y ambiental de Costa Rica.

También alertan sobre el impacto laboral: entre 4.000 y 5.000 empleos directos dependen del proyecto, además de unos 13.500 indirectos vinculados con servicios, comercio, agricultura, pesca y transporte. La asociación pidió revisar la medida al considerar que lo que está en juego no es solo un proyecto turístico, sino la reputación y estabilidad jurídica del país.

 

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