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  • Lotería ilegal perjudica a más de 500 programas sociales
  • La lotería ilegal ha logrado una penetración en todo el territorio nacional y sus ventas alcanzarían los 291 mil millones de colones.
  • JPS confía en que Costa Rica cuente pronto con legislación acorde a los tiempos para el combate de ese mercado ilegal.

 

La Junta de Protección Social lanzará este 21 de marzo la campaña “Querido, ¿usted compra lotería ilegal?”, como parte de los esfuerzos integrales que realizan para combatir la comercialización y el consumo de lotería ilícita. Además, esta viene a reforzar otras estrategias que la institución ha estado implementando para innovar y premiar la fidelidad de los jugadores de lotería electrónica en nuestro país.

Además de promociones y otras acciones comerciales la JPS viene impulsando un proyecto de ley que busca dotar a Costa Rica de una normativa acorde a la situación del país.

El propósito de la Junta de Protección Social con esta campaña es generar conciencia en el comprador, y resaltar que al comprar lotería clandestina está financiando un producto ilícito. A su vez, el adquirir lotería ilegal afecta a los programas que impulsa la Junta en hogares de adultos mayores, escuelas, hospitales, organizaciones de cuidados paliativos, entre otras, donde invierten anualmente miles de millones de colones.  El año 2021, pese a la crisis económica y la pandemia la Junta logró transferir más de ₵29mil millones (29.065.114.756,99).-  De esta suma más de 10 mil millones se invirtió en equipamiento en equipo de última tecnología para hospitales de la CCSS.  En atención directa de personas en los hogares de larga estancia y centros de atención diurna se invirtieron en la atención directa de 45mil personas más de 12 mil millones (₵12.558.267.051,13)

“Nuestro objetivo con esta campaña es hablarle al comprador e impulsar un movimiento social que genere conciencia sobre los efectos negativos de la compra de lotería ilegal, ya que cada vez que se adquieren estas loterías se deja de apoyar a las obras sociales a las cuales la JPS destina recursos con la utilidad de sus ventas.  Invitamos a las personas a jugar responsablemente y a jugar para hacer el bien. ”, afirmó Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social.   

Los programas sociales que atienden población en condición de vulnerabilidad se ven afectados pues dineros que deberían invertirse en estas personas, se van a bolsillos privados. 

Costa Rica debería enfocarse con mucha energía a combatir esos juegos ilegales, hay pruebas de que las bancas que los financian -en su mayoría- estarían relacionadas con actividades ilícitas como el narcotráfico, la explotación sexual comercial o la trata de personas, por ejemplo.  Ese mercado ilegal y peligroso para el país, se proyecta que acapara el   47,7% del mercado actual, lo que se convierte en alrededor de 291 mil millones de colones por año, además los juegos ilegales no les aseguran a los compradores el pago de los premios que se obtienen por la compra de sus productos, como si lo asegura la Junta explicó Marilyn Solano, Gerenta General de la institución.

“Hay quienes dicen que la Junta pierde ese dinero, pero, lo cierto es que los afectados son las personas en condición de vulnerabilidad que tienen en esos programas su forma de enfrentar las condiciones de su vida o que les aquejan, pues la ley es clara al indicar el destino de los dineros que se generan con la lotería estatal.  Esos dineros no son de la Junta, son de las poblaciones en condición de vulnerabilidad”, expresó.

Para que Costa Rica cuente con legislación robusta para contrarrestar ese mercado ilegal, la JPS ha venido trabajando junto a la Asamblea Legislativa.  “Tenemos un proyecto de ley que ha venido mejorando, se ha enriquecido y se han atendido preocupaciones de algunos sectores.  Esperamos que ese proyecto continúe avanzando y que pronto se convierta en ley.  Hacemos ese respetuoso llamado a los diputados.

El proyecto de ley 21.632, pretende la prohibición de actividades relacionadas con loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección Social.

Dentro del estudio desarrollado a finales de 2021, 9 de cada 10 personas jugadoras indicaron que perciben más o muchos más locales de lotería ilegal a lo largo del territorio nacional. Estos actos fortalecen la penetración de las actividades ilícitas en el país, y sobre todo afecta nuestros recursos como institución y limita la posibilidad de impactar de manera positiva a los más de 500 programas de bien social que financia y apoya la institución y las más de 1700 familias microempresarias que comercializan los productos de la JPS a través de los Puntos Max y los más de 1600 personas vendedoras autorizadas de nuestras loterías”, mencionó Britton.

La campaña estará activa a partir del 21 de marzo y será distribuida por diferentes medios de comunicación para dar a conocer el mensaje.


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