Combate a la evasión y el contrabando, así como la reforma del Estado son medidas promovidas por el sector.

En el contexto de su Décimo Sexto Congreso Nacional, la Industria Alimentaria urge decisiones para que el sector productivo recupere, al menos, 500.000 puestos de empleo, destruidos por la crisis económica de los últimos meses.

Según Maurizio Musmanni, Presidente de los empresarios de alimentos, los Diputados y el Presidente de la República deben tener un mayor sentido de urgencia y un mayor sentido de responsabilidad histórica, para proponer medidas inmediatas de reactivación económica y para evitar la inminente quiebra del Estado, que nos ubique en situación de default financiero y nos lleve a una situación indescriptible de impactos sociales y económicos.

Para Musmanni, debemos insistir en temas como:

Reducción de tarifas energéticas.

Eliminación de los excesos regulatorios, trámites y requisitos que incrementan los costos de operación e incentivan la informalidad.

Eliminación de la regulación de precios y altos aranceles en insumos industriales que afectan la comercialización y los costos de producción.

Promoción de un acuerdo político urgente para sacar de la corriente legislativa todas aquellas iniciativas que promueven más regulaciones e impuestos específicos a la industria alimentaria.

Acciones políticas para resolver la crisis comercial existente con Panamá que mantiene cerradas las exportaciones de lácteos y cárnicos.

Evitar a toda costa la desarmonización de la normativa regional que afecta el comercio internacional, como lo es el etiquetado de alimentos.

Para la búsqueda de soluciones a la inminente quiebra de las finanzas públicas en los meses venideros, los industriales solicitan evitar enfoques tributarios que castiguen aún más los ya golpeados presupuestos familiares y empresariales.

“Existen áreas de recuperación de ingresos fiscales en áreas como la alta evasión fiscal, la subfacturación aduanera, el contrabando y el robo de mercaderías en tránsito, que propinan un golpe importante a la Hacienda Pública”, señaló Musmanni.

Igualmente, los empresarios señalan que el actual proceso requiere de sectores sociales, sindicales y políticos que tengan la capacidad de revisar políticas que promuevan eficiencia, eficacia y mayor generación de valor por parte del Estado costarricense, por lo que es imperante la implementación de políticas que logren:

 Revisión de convenciones laborales con cláusulas abusivas.

Eliminación total de excesos y privilegios de grupos articulares de la administración.

Revisión del sistema de empleo público que elimine todos aquellos esquemas de ingresos o de contratación que son insostenibles y creadores de inequidad social.

Reducción de la dispersión institucional, de burocracia innecesaria, de procesos administrativos duplicados y de gastos sin sentido.

Reducción de una deuda política absurdamente alta e innecesaria.

Implementación de esquemas y protocolos de rendición de cuentas para funcionarios, así como indicadores del retorno social del gasto público.

“El país necesita un ambiente en el que se deje de generalizar al trabajador público de manera negativa y al empresario como un potencial evasor de impuestos o de obligaciones ambientales. Ambos sectores son fundamentales en la creación de valor y bienestar social. No obstante, ambos deben ser facilitadores de los cambios estructurales que el Estado requiere para convertir a Costa Rica en un país próspero, con los mejores indicadores de desarrollo humano de la región, con tasas de crecimiento superior al 6% y una muy reducida tasa de desempleo”, acotó Musmanni.

El XVI Congreso Nacional de CACIA se celebra este martes 03 y miércoles 4 de noviembre de manera digital, debido a los protocolos sanitarios implementados por la pandemia del Covid-19