Cámara de Bancos lamenta aprobación de proyecto de ley sobre estafas electrónicas y advierte riesgos para usuarios del sistema financiero

La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica (CBF) lamenta la aprobación en segundo debate legislativo del proyecto de ley N.° 23.908, relacionado con estafas electrónicas contra clientes del sistema financiero.

Las entidades financieras del país comparten plenamente la preocupación nacional por el incremento de estos delitos y reiteran su compromiso absoluto con la protección de las personas usuarias. Las estafas electrónicas son perpetradas por estructuras criminales cada vez más sofisticadas, muchas veces vinculadas al crimen organizado y que operan incluso fuera del sistema financiero formal. Combatir este fenómeno exige una estrategia integral del Estado que combine prevención, educación digital, persecución penal efectiva y coordinación interinstitucional.

No obstante, diversos análisis técnicos —incluidos los emitidos por la propia Cámara e incluso la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)— han advertido que el proyecto aprobado presenta debilidades importantes en su diseño que podrían limitar su efectividad práctica y generar consecuencias no deseadas. Entre ellas se señalan riesgos de inseguridad jurídica, posibles distorsiones en el funcionamiento del sistema financiero, traslado de controversias hacia procesos judiciales más complejos y la creación de expectativas de protección que podrían no materializarse en la práctica.

La Cámara de Bancos también ha señalado que trasladar de forma amplia o automática la responsabilidad económica hacia las entidades financieras no desarticula las redes criminales responsables de estos delitos y podría generar presiones adicionales sobre los costos del sistema financiero. Estos efectos eventualmente podrían traducirse en mayores costos operativos, mayores provisiones de riesgo y condiciones más restrictivas para el acceso al crédito, con impactos particularmente sensibles para hogares, emprendedores, pymes y empresas.

Asimismo, existe el riesgo de que medidas mal calibradas terminen afectando los esfuerzos de inclusión financiera que el país ha impulsado durante años. Cuando el acceso al sistema financiero formal se encarece o se restringe, algunas personas pueden verse empujadas hacia mecanismos informales de financiamiento, donde no existen garantías, supervisión ni protección al consumidor.

La Cámara de Bancos reitera que la protección de las personas usuarias debe ser siempre el objetivo central de cualquier iniciativa en esta materia. Sin embargo, considera fundamental que las soluciones regulatorias se construyan con equilibrio, proporcionalidad y criterios técnicos sólidos, de manera que se logre una protección efectiva sin generar efectos adversos para los propios clientes del sistema financiero.

Las entidades financieras del país han venido realizando inversiones significativas en ciberseguridad, prevención del fraude, monitoreo de transacciones, autenticación reforzada y educación financiera para proteger a sus clientes frente a este tipo de delitos. Estos esfuerzos continuarán fortaleciéndose, junto con la cooperación permanente con autoridades judiciales, policiales y regulatorias.

En este nuevo escenario legislativo, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica reafirma su disposición a colaborar técnica y constructivamente con las autoridades del país para identificar los ajustes regulatorios y operativos necesarios que permitan combatir de manera más efectiva el fraude electrónico, enfrentar al crimen organizado detrás de estas prácticas y brindar mayor seguridad y tranquilidad a las personas usuarias.

El desafío de las estafas electrónicas requiere soluciones integrales y coordinadas. El sistema financiero formal es un aliado fundamental en esta lucha y seguirá comprometido con la protección de sus clientes y con el fortalecimiento de la seguridad financiera del país.