Comisión legislativa acuerda llamar a cuentas a autoridades por atraso del nuevo hospital geriátrico

La Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes valora como un paso relevante la decisión adoptada por la comisión legislativa de Discapacidad y Adulto Mayor, que dejó en firme una moción para que la próxima integración de esa comisión llame a cuentas a diversas instancias sobre la situación del hospital geriátrico y el atraso en la construcción de su nueva sede.

Alicia Avendaño, Presidenta de la Junta de Salud de este centro medico explicó que esta moción obligará a la próxima comisión a convocar a Bomberos, la Junta de Salud, la Junta Directiva de la CCSS, la Presidencia Ejecutiva y la Defensoría, además de realizar gestiones ante la Junta Directiva.

“Esta decisión representa una señal política importante, porque confirma que la preocupación planteada ante la Asamblea Legislativa no era retórica ni exagerada: el atraso del nuevo hospital geriátrico es un tema de salud pública, de control institucional y de responsabilidad política que exige explicaciones formales y acciones concretas” señaló Avendaño.

La Junta había solicitado respaldo urgente de la comisión legislativa ante la postergación del inicio de la nueva sede hospitalaria hasta el año 2038, una medida que considera desproporcionada, injustificada y lesiva para la atención especializada de la población adulta mayor. En ese planteamiento, la Junta advirtió que Costa Rica no puede seguir tratando como un simple trámite administrativo una obra que incide directamente en la capacidad de respuesta de toda la red hospitalaria nacional.

El acuerdo de la comisión legislativa adquiere especial relevancia porque ocurre en un contexto en el que el actual hospital opera en una infraestructura de 67 años, con limitaciones estructurales y observaciones relacionadas con seguridad humana, evacuación y condiciones particularmente delicadas para un centro que atiende a personas adultas mayores, muchas de ellas con movilidad reducida.

A ello se suma una realidad demográfica imposible de ignorar. Como ya había advertido la Junta de Salud en su gestión ante la comisión, Costa Rica atraviesa un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, por lo que la demanda de atención geriátrica especializada no disminuirá, sino que seguirá creciendo en los próximos años. Aplazar la obra hasta 2038, en ese contexto, equivale a trasladar el costo de la inacción a miles de personas adultas mayores y a una red hospitalaria ya presionada por listas de espera, saturación y falta de especialistas.

“Que la Comisión haya dejado esta moción en firme es importante porque obliga a que la próxima integración legislativa no pueda dejar el tema de lado. Ahora habrá que pedir cuentas sobre el estado real del hospital, sobre la postergación del proyecto y sobre la responsabilidad de cada una de las instituciones involucradas”, agregó Avendaño.

La Junta considera que este acuerdo legislativo fortalece los argumentos que ha venido sosteniendo desde el inicio: la justificación dada para una postergación tan severa no guarda proporción con la urgencia del proyecto ni con la afectación que ya sufre el hospital. En su comunicación a la comisión, la Junta pidió expresamente que se exigieran explicaciones claras sobre el estado de las expropiaciones, el impacto real de esas gestiones sobre el cronograma, la ejecución de los recursos ya oficializados y la necesidad de replantear de inmediato el calendario de construcción.

Además, la Junta ha insistido en que el problema no se agota en la infraestructura física. El atraso tendrá consecuencias directas sobre la red hospitalaria en su conjunto. El documento base presentado ante los diputados recuerda que el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica advirtió que aplazar la entrada en funcionamiento del nuevo hospital obligará a atender a más personas adultas mayores en hospitales no especializados, incrementará costos, prolongará hospitalizaciones y profundizará la saturación del sistema durante una “ventana crítica” entre 2026 y 2038. La Defensoría de los Habitantes, por su parte, ya había calificado la postergación como “grave e inaceptable”.

Desde la experiencia de la propia Junta y de actores vinculados con la realidad del hospital, la afectación no es hipotética. El hacinamiento, la presión sobre servicios, las limitaciones de atención y el riesgo de trasladar más pacientes adultos mayores hacia hospitales generales forman parte de una preocupación actual y creciente. Por eso, la decisión de la comisión legislativa debe entenderse no solo como un acto de trámite parlamentario, sino como el inicio de una ruta de fiscalización sobre una situación que ya no admite indiferencia institucional.

La Junta de Salud espera ahora que la próxima Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor honre el acuerdo adoptado, convoque sin dilación a las instancias señaladas y contribuya a establecer una hoja de ruta clara, verificable y pública sobre el futuro del nuevo hospital geriátrico. La gravedad del tema exige que el control político no se agote en una audiencia, sino que se traduzca en seguimiento efectivo y en presión institucional suficiente para evitar que el atraso se consolide como un hecho consumado.

“No estamos ante una obra secundaria ni ante una discusión abstracta. Estamos hablando de una infraestructura esencial para responder al envejecimiento del país, proteger la dignidad de las personas adultas mayores y evitar un mayor deterioro en la red hospitalaria. Que la comisión haya tomado esta decisión es importante, pero ahora lo que corresponde es que ese acuerdo se convierta en acciones concretas”, enfatizó.

La Junta de Salud reitera que seguirá impulsando todas las gestiones necesarias para que el nuevo hospital geriátrico deje de ser una promesa aplazada y se convierta en una prioridad real de la agenda institucional del país.