• 15 mil familias de pescadores artesanales ven amenazado su futuro por la pesca de arrastre
  • El plan del Gobierno para reactivar la pesca de arrastre no cuenta con el apoyo de la Academia
  • Esta técnica de pesca ha sido considerada como la más dañina por organismos internacional y expertos científicos 

Desde el pasado mes de noviembre la Fundación MarViva lanzó en la plataforma change.org la petición “Detengamos la pesca de arrastre en Costa Rica, salvemos nuestros mares”, la solicitud exige al gobierno que:

  1. Se anule el Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA por medio del cual se pretenden dar nuevas licencias para pesca de arrastre.
  2. Se archive definitivamente el proyecto de ley 19.838 sobre pesca de camarón en Costa Rica.
  3. El gobierno y sus instituciones implementen alternativas productivas para las personas que trabajan en el sector camaronero, buscando calidad de vida, un verdadero balance y desarrollo sostenible entre las comunidades y el ambiente marino.

“En noviembre pasado, la Sala Constitucional ordenó la suspensión de un Acuerdo de la Junta Directiva de INCOPESCA que pretendía emitir nuevas licencias para el arrastre de camarones, mientras resuelve los recursos de amparo interpuestos en su contra. Por su parte,  el Poder Ejecutivo ha venido promoviendo, infructuosamente, un  proyecto de Ley para reactivar la pesca de arrastre, cuyo futuro recaerá aparentemente, en manos de los diputados. Comentó Haydée Rodríguez, gerente de Incidencia Política de Fundación MarViva.

En el 2013, la Sala Constitucional determinó que la pesca de arrastre de camarón lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y violenta los principios preventivo y de desarrollo sostenible democrático, destruyendo los fondos marinos y afectando a miles de pescadores artesanales que dependen de un mar sano. 

La Sala Constitucional ordenó que para generar una nueva ley que permita la pesca de arrastre, se debe contar con estudios científicos nacionales que demuestren que las nuevas técnicas a usar ya no generan estos impactos. Esta evidencia científica está ausente en el proyecto de ley 19,838 y el acuerdo de la Junta Directiva de INCOPESCA.

Según Rodríguez, “iniciaremos acercamientos con el gobierno entrante para que conozcan de esta petición y para ofrecer nuestro apoyo para promover alternativas de largo plazo que mejoren la calidad de vida de las comunidades costeras y las personas que dependen actualmente de la pesca de camarón”. 


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