- Perder la cobertura forestal es una amenaza ante los efectos del cambio climático y pone en riesgo la salud y la seguridad nacional.
- El aumento de los incendios forestales en casi toda la provincia en el reciente verano es en parte consecuencia de la no renovación del pago por servicios ambientales, porque los productores de bosque, al no contar con el pago, no tienen recursos económicos para aplicar las medidas de prevención de incendios, entre ellas las rondas cortafuegos.
Ing. Odir Herrera Ramírez
El Pago por Servicios Ambientales o PSA, se une a los esfuerzos realizados en Costa Rica en busca de la protección de sus recursos naturales, fue creado en 1996 con la Ley Forestal No. 7575 y reconoce los siguientes servicios ambientales: Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción, protección de la biodiversidad para su conservación y uso sostenible, científico y farmacéutico, de investigación y de mejoramiento genético, así como para la protección de ecosistemas y formas de vida, protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico y la belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.
En los últimos 30 años Costa Rica ha logrado disminuir la deforestación y degradación de sus bosques al ir aumentado la extensión del bosque secundario, hasta alcanzar más del 50% del territorio. Esto ha constituido un ejemplo a nivel mundial, cuyos resultados se han dado por un conjunto de políticas forestales que han fortalecido acciones tendientes a la protección forestal, la disminución de la tala indiscriminada de árboles de sus bosques, potenciando la reforestación con fines comerciales, todo ello principalmente a través del Pago de Servicios Ambientales (PSA)
Como lo menciona el FONAFIFO ( Fondo Nacional de Financiamiento Forestal) en su página WEB, el Programa por Pago de Servicios Ambiéntales (PPSA) ha facilitado y promovido, desde sus inicios, la inclusión de diferentes actores con intereses en el desarrollo del sector forestal costarricense. De esta manera, se permitió la adopción de un esquema financiero novedoso, donde se integran diversas instituciones, entre ellas: el SINAC, el FONAFIFO, la Oficina Nacional Forestal (ONF), los Regentes Forestales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, cooperativas, centros agrícolas cantonales, organizaciones no gubernamentales del sector y los(as) beneficiarios (as) en general.
En los últimos dos años el Programa de Pago de Servicios Ambientales ha tenido una disminución presupuestaria, lo que ha ocasionado que, por ejemplo, solo en la provincia de Guanacaste más de 12.000 hectáreas de bosque no se han podido renovar para que se les pueda seguir pagando a sus propietarios por su conservación. En su mayoría, estas fincas tienen cerca de 20 años de estar protegiéndose, en su mayoría fincas que en los años 80s fueron utilizadas para ganadería o agricultura y que hoy en día han pasado a ser bosques secundarios. Ante la amenaza resiente de cambios perjudiciales en el programa de pago de servicios ambientales, la Oficina Nacional Forestal (ONF) ha manifestado en sus últimos comunicados de prensa que “el cierre de nuestros programas de financiamiento, estimularía el cambio de uso del suelo para muchos de los propietarios de bosque, que perderían por completo su único ingreso, y que ante la presión de subsistir es probable que prefieran dedicar su tierra a otra actividad productiva que le
genere recursos en el corto plazo. Perder la cobertura
forestal nos deja en un estado de indefensión ante los efectos del cambio climático y pone en riesgo la salud y la seguridad nacional. La desaparición del bosque trae consigo también el riesgo de perder la biodiversidad y es, justamente a través de las especies animales y vegetales que conviven en los ecosistemas boscosos, que disponemos de los insumos para el desarrollo de la industria eléctrica, alimentaria, farmacéutica, y textil por citar algunas “.
Asimismo, una de las consecuencias de la no renovación del pago de servicios ambientales a muchos productores de Guanacaste en estos últimos años, fue el aumento de los incendios forestales en casi toda la provincia en el reciente verano, principalmente, porque muchos dueños de fincas no tenían los recursos económicos para aplicar las medidas de prevención de incendios entre ellas las rondas cortafuegos.
Cabe destacar que con el cambio de Gobierno y la donación de recursos económicos internacionales al programa de PSA, ha dado un aire de esperanza para que la situación forestal en el país pueda volver a tomar un buen rumbo y de esta forma se evite un retroceso en las políticas de conservación. Dentro de los recursos frescos que el sector forestal espera se invierta en los próximos años está la donación de 54 millones de dólares en fondos no reembolsables por parte del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), bajo la modalidad de pago por resultados, debido a sus resultados en materia climática al haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), asociadas a la deforestación en el período 2014-2015. Este fondo tendrá como objetivo principal fortalecer el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA,) ampliar las modalidades de Pago por Servicios Ambientales en territorios indígenas y mejorará las medidas de prevención de incendios forestales en comunidades rurales por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
