• Ley fue sancionada en sesión de Consejo de Gobierno ampliado celebrado el martes 14 de septiembre, en la ciudad de Cartago, en vísperas de cumplirse los 200 años de Independencia
• El Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura y Juventud serán las instituciones encargadas de su aplicación
• “Deseamos potenciar la transmisión de conocimiento, la creatividad y el pensamiento crítico e innovador de la ciudadanía, con especial énfasis en nuestros niños, niñas y jóvenes, que son la generación que guiará a Costa Rica por los próximos doscientos años”, manifestó el Presidente Carlos Alvarado

Con la sanción de la Ley N°10025, de Fomento a la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, se busca promover el hábito de la lectura y la escritura, así como el uso de bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas y las públicas escolares -físicas o digitales-, entre otras acciones.

 En la víspera de los 200 años de Independencia, la tarde del 14 de septiembre, la ley fue firmada por el Presidente de la República, Carlos Alvarado; la ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, y la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán, durante la sesión del Consejo de Gobierno Ampliado, celebrado en la Municipalidad de Cartago. En la actividad estuvo presente, además, el diputado por la provincia de Cartago, Mario Castillo, proponente de dicho proyecto de ley.

 “Deseamos potenciar la transmisión de conocimiento, la creatividad y el pensamiento crítico e innovador de la ciudadanía, con especial énfasis en nuestros niños, niñas y jóvenes, que son la generación que guiará a Costa Rica por los próximos doscientos años”, manifestó el presidente Alvarado.

 En aplicación a la nueva legislación, el Estado pondrá en marcha el Plan Nacional de Lectura a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Juventud, instituciones encargadas de la ejecución de la Política Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.

 Ambos ministerios deberán coordinar lo que se requiera con las demás instancias nacionales, regionales y locales encargadas de las políticas educativas, para brindar mayores opciones a la sociedad en general. 

 Para la ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, esta iniciativa no podía llegar en mejor momento, ya que es claro que acciones positivas como esta contribuirán en gran medida y desde todos los sectores, a fomentar la lectoescritura como aprendizaje fundamental en tiempos en los que la pandemia ha disminuido la cobertura de los contenidos.

 “Me siento agradecida e insto a todas las organizaciones a hacer su contribución para que haya más libros, más historias, más escritores, más conocimiento”, expresó Cruz.

 Creación del Consejo Nacional y Fondo Nacional. La nueva ley establece la creación del Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, como un organismo asesor del Estado en la aplicación de la Política, el cual estará adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud.

 Para la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán, “con la entrada en vigencia de esta ley, reconocemos el valor de la lectura como un derecho cultural esencial, que, como país, nos abre la oportunidad para mejorar los niveles educativos desde edades tempranas; además, colabora directamente en la formación de personas lectoras y escritoras, lo que potencia la producción y circulación del libro”.

 “Esta ley fomenta y apoya la diversidad de las expresiones lingüísticas y culturales, así como el rescate y el fomento de la tradición oral; prácticas que forman parte de nuestra herencia cultural y que son reflejo de nuestro patrimonio intangible. En la celebración de los 200 años de la Independencia, resulta muy oportuno establecer rutas que nos permitirán, literalmente, seguir construyendo juntos y juntas la historia que nos define como una nación capaz, pacífica, sana y solidaria”, añadió Durán.

Asimismo, se crea el Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, el cual busca apoyar las políticas de fomento establecidas en esta ley y que será administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud.

La normativa permitirá a todas las instituciones públicas, centralizadas y autónomas, así como a las empresas del Estado, presupuestar y realizar transferencias para este Fondo, con el objetivo de apoyar el desarrollo y actividades incluidas en la Ley.

Los contribuyentes del impuesto de la renta, personas físicas o jurídicas también podrán hacer sus aportes a esta iniciativa, que incluye todos los aspectos relacionados al impulso a la lectura, el uso de las bibliotecas públicas y escolares, el fomento a la creación intelectual, a la producción, a la circulación del libro, así como beneficios tributarios para fortalecer la actividad editorial, entre otros.